Por Miguel Ángel Cristiani
¿De qué sirve rendir un informe si la comunidad universitaria no confía en
quien lo presenta? Esa es la pregunta que se impone a la víspera del IV Informe
de Labores del rector Martín Aguilar Sánchez, programado para este 27 de agosto
en la Sala Tlaqná de la Universidad Veracruzana (UV). Lo que debería ser un
acto solemne de rendición de cuentas ante el Consejo Universitario General,
corre el riesgo de convertirse en un espectáculo diseñado para maquillar una
prórroga que buena parte de la comunidad percibe como ilegal, ilegítima y
contraria al espíritu universitario.
No se trata de un capricho ni de un berrinche
estudiantil, como algunos intentarán presentarlo. La inconformidad que ha
motivado la convocatoria de la Red de la UV por la Legalidad tiene raíces
profundas: la extensión del mandato rectoral más allá de lo previsto en la
normatividad universitaria, una decisión que huele más a maniobra política que
a reforma legítima. La universidad pública, conviene recordarlo, no es propiedad
privada de sus autoridades en turno, sino un bien social cuyo gobierno debe
ajustarse a la transparencia, la legalidad y el consenso.
El contraste entre el discurso y la realidad
será evidente mañana. Mientras adentro de la Sala Tlaqná se desplegará un
evento cuidadosamente orquestado —con invitados especiales, acarreados y
controles estrictos de acceso para blindar a los inconformes—, afuera resonará
la protesta de académicos, estudiantes y trabajadores que se niegan a
convalidar lo que consideran un atropello. Se han convocado lonas, pancartas y
vestimenta negra como símbolos de duelo por la institucionalidad universitaria
mancillada.
No es la primera vez que en la UV se vive esta
tensión entre la comunidad y la rectoría. La historia universitaria está
marcada por episodios de resistencia contra los intentos de perpetuación o
manipulación de las normas internas. Desde los movimientos estudiantiles de los
setenta, pasando por las pugnas sindicales y las reformas estatutarias
discutidas con desdén, hasta las actuales manifestaciones, la universidad ha
sido un termómetro de las libertades y, también, de los abusos. Cada generación
ha debido recordar a las autoridades que el poder rectoral no es vitalicio ni
monárquico, sino estrictamente acotado.
El fondo del asunto es más grave que un simple
acto protocolario. Lo que se juega aquí es el principio de legalidad dentro de
la máxima casa de estudios de Veracruz. Si en la universidad se relativiza la
ley, si se normaliza la arbitrariedad y se sofoca la disidencia con puertas
cerradas y accesos controlados, ¿qué mensaje se transmite a los jóvenes que ahí
se forman? La universidad, por definición, debería ser el espacio donde florece
el debate crítico, no donde se clausura bajo la lógica de la conveniencia política.
El rector Aguilar podrá ofrecer cifras, logros
académicos y proyectos culturales en su informe; podrá presumir reconocimientos
y alianzas institucionales. Pero todo ello quedará en entredicho si el acto
mismo que preside se percibe como una puesta en escena para revestir de
legitimidad una prórroga cuestionada. La credibilidad, en política como en
academia, no se fabrica con discursos ni con cenas posteriores: se construye
con respeto a las reglas, apertura al diálogo y congruencia ética.
La manifestación pacífica convocada por la Red
de la UV por la Legalidad es, en este contexto, un ejercicio cívico
imprescindible. No se trata de un linchamiento, sino de un recordatorio: la
universidad pertenece a la sociedad, no al capricho de un rector ni a las complicidades
de un consejo dócil. Vestirse de negro mañana será un acto simbólico, pero
cargado de dignidad: el duelo no es solo por la legalidad violentada, sino por
la esperanza de que la UV vuelva a ser un espacio de libertad crítica, no un
escenario de legitimaciones impostadas.
Al final, el verdadero informe no será el que
se lea en el podio ni el que aplaudan los invitados en la Tlaqná. El verdadero
informe será la expresión de la comunidad universitaria en las calles, con
pancartas y consignas, reclamando algo tan elemental como el respeto a la ley.
Porque si la universidad pública pierde su legalidad, pierde también su alma.
Nos vemos mañana 27 de agosto, a partir de las 13 horas y hasta el término de la jornada.
Llevemos lonas, pancartas, cartulinas, vistamos de negro, expresemos nuestro rechazo a la prórroga ilegal e ilegítima otorgada a Martín Aguilar que contraviene el espíritu universitario.