Héctor Yunes Landa
ARTÍCULISTA INVITADO
¿Es posible que una estudiante veracruzana de origen indígena logre cursar la secundaria a los 10 años, ingresar a la Universidad a los 16 y se especialice en Derecho Indígena y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid?
¿Puede esta misma mujer veracruzana originaria de la pequeña comunidad de Cuahuitzil en Chicontepec, presidir el Poder Judicial del Estado, garantizando una justicia equitativa, imparcial, accesible para todos, pero sobre todo, con verdadera autonomía de independencia del poder político?
Ambas retos han marcado, y lo harán en el futuro, la vida personal y profesional de quien en breve se convertirá en la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la abogada veracruzana Rosalba Hernández Hernández.
El primero lo superó con creces. El segundo es el reto mayor de su vida.
Por fortuna, no todo el desvarío nefasto de una reforma judicial y la elección de nuevos juzgadores ha traído desgracia. En medio de la tragedia, podríamos estar ante el mejor perfil que haya presidido el Poder Judicial en las últimas décadas.
Decir que por primera vez una mujer indígena presidirá el Poder Judicial de Veracruz no sólo es injusto, sino hasta discriminante. La trayectoria de Rosalba Hernández no gira en torno a su origen étnico –el cual ostenta con orgullo, pero no como carta de presentación-, sino al trabajo que ha realizado por la justicia y por su pueblo.
No desconoce su nueva responsabilidad ya que desde octubre de 2019 es Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Rosalba Hernández no sólo es una abogada muy destacada, académica de la Universidad Veracruzana, sino también una activa defensora de los derechos humanos.
Ella coordinó el equipo que realizó el Diagnóstico y estudio de factibilidad para ubicar Regiones Interculturales de Veracruz, que dio origen a la creación de la Universidad Veracruzana Intercultural, adscrita a la Universidad Veracruzana.
En 2005, fue becaria de la Unión Europea dentro del Programa de Cooperación Unión Europea-México “Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México”, dirigida a jóvenes indígenas. Programa que dio pauta a la creación del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, institución en la cual fungió como subdirectora en Materia de Asuntos Indígenas y Género.
Por su trayectoria, Rosalba Hernández conoce los muros que impiden el acceso a la justicia. Su trabajo será derribarlos para honrar su origen, su trayectoria y la tarea que hoy le toca desempeñar.
Se cierra el capítulo de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien fracasó en su intento por repetir en el cargo. Su sumisión al poder impidió el derecho de acceso a la justicia de miles de veracruzanos.
Su administración quedará marcada por la designación de jueces a modo, la persecución a los adversarios del régimen y el acoso a los jueces verdaderamente independientes, con sentencias dictadas desde su propia secretaria particular.
No más el oscuro capítulo de ultrajes a la autoridad que dejó a más de 5 mil personas bajo prisión preventiva. No más el amasiato entre los poderes legislativo y judicial al servicio del ejecutivo. ¡No más!
La puntita
En lugar de perseguir y castigar a quienes construyeron la refinería clandestina de Coatzacoalcos, el gobierno debería preguntar cómo le hicieron para producir más, en menos tiempo y sin gastar un peso del presupuesto.