Dr. Rafael Vela Martínez
El
viernes pasado el Rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar
Sánchez, anunció que irá por un segundo periodo al frente de esta casa de
estudios a través de una prórroga solicitada ante la Junta de Gobierno; es
decir, lo que demanda es una extensión de su periodo por 4 años más, sin pasar
por una auscultación y evaluación de su rectorado, en el que lamentablemente ha
ocasionado perdida de la imagen académica, científica y artística de la
Universidad Veracruzana.
De
acuerdo con los expertos en derecho, como es el distinguido Dr. José Luis
Cuevas Gayoso, la Ley de Autonomía, el Estatuto General y la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana deben aplicarse de manera "armónica y
sistemática". En este marco, argumenta que la prórroga planteada por el
rector no es viable a través de una simple petición directa a la Junta de Gobierno;
en otras palabras, no se trata de que la Junta de Gobierno le dé “un
papelito” por “debajo de la mesa” y le autorice seguir por 4 años más en la Rectoría. Se obtiene a través de un
proceso y requisitos abiertos que marca la ley.
De
acuerdo con diferentes expertos en derecho, se requiere de un proceso de
elegibilidad: Si bien la ley establece la posibilidad de que quien esté en la
Rectoría continúe por un período igual de cuatro años, esto no puede ser una simple
extensión automática. Primero, se debe verificar la ELEGIBILIDAD del
rector para permanecer en el cargo, ya que una prórroga concedida únicamente
por la Junta de Gobierno desvirtuaría su verdadero sentido. Pero justamente el
rector Aguilar tiene temor de no ser elegible, y no solo por la edad, sino por
los dramáticos daños causados al patrimonio de la universidad, así como al
prestigio académico que tantas décadas costo construir y que en menos de 4 años
ha destruido.
Todos
los universitarios sabemos que la Ley Orgánica de la UV, precisa que debe haber
una convocatoria pública para la designación del Rector. Con esta convocatoria,
que la ley marca para el mes de junio, iniciaría el proceso de auscultación a
la comunidad universitaria, el cual es un "quehacer indispensable" y
debe ser "exhaustivo" en todas las Regiones Universitarias de nuestra
Máxima Casa de Estudios.
Es
importante destacar que es un derecho de la comunidad universitaria elegir al Rector;
de ahí la importancia de la auscultación que significa permitir que los
universitarios profesores, estudiantes, personal administrativo y manual expresen su sentir sobre los aspirantes que se
postulen para ser rector; esto es una
expresión concreta de la autonomía universitaria, que es un principio básico
por el que debe velar la Junta de Gobierno, justo para ello es que fue conformada
en la legislatura universitaria.
Los
distintos sectores que conforman la universidad tienen el derecho de opinar y
decidir sobre quién debe liderar la institución, justamente este procedimiento
garantiza mayor legitimidad y apunta a fortalecer la transparencia, ética y
compromiso, así como la rendición de cuentas por parte de quien sea designado
como Rector de la UV. Estos procedimientos que están consignados en la Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana aseguran que la administración que este
a cargo de Rectoría realice una gestión
democrática, autónoma, legítima y comprometida con los valores académicos y
sociales de la educación superior pública.
Está
claro que la postura de Martín
Aguilar, al solicitar la prórroga
de forma directa y "automática mediante un oficio", busca eludir el
proceso de convocatoria y auscultación que se ha seguido en apego a la norma desde
que la Universidad Veracruzana obtuvo su autonomía. Advierto que tiene temor de
que, en un diagnóstico y evaluación de su administración, con información
puntual, confiable y certera, resulte reprobado por la comunidad universitaria.
Una valoración que ya se viene realizando por los universitarios, pues lleva
casi 4 años sufriendo las consecuencias de decisiones basadas en ocurrencias
por parte de la actual administración de rectoría de la UV.
Todo
apunta a que la estrategia del Rector Martín Aguilar Sánchez no solo es poner
en predicamento a la Junta de Gobierno, sino llevar su decisión a una
controversia donde intervenga el Consejo General Universitario (CGU), convocado
a sesionar para este próximo viernes 6 de junio. En este evento institucional, piensa
contar con el apoyo de incondicionales que están dispuestos a sacrificar a su
universidad y su prestigio, a cambio de quedar bien con su “jefe”. Sin embargo
es necesario señalar, con base en la consulta que he realizado con expertos en
derecho, que tampoco el CGU tendría las competencias y atribuciones para
designar al próximo Rector de la UV, en todo caso lo que esta propiciando el
rector Aguilar es enfrentar a la comunidad universitaria, dividirla, y distraer
a los veracruzanos sobre el caos académico que ha propiciado su administración
y de paso afectar la gobernabilidad que prevalece en la entidad.
El
corolario es que estamos en un punto de inflexión: por una parte, donde la UV corre
el riesgo de seguir despeñándose al fondo del desfiladero de la mediocridad, la
obsolescencia y la falta de compromiso para potenciar el desarrollo del estado
de Veracruz; y, por otra parte, al rescate y reedificación de nuestra Máxima
Casa de Estudios, de tal forma que dignifique tanto a los universitarios como a
los veracruzanos.
La
comunidad veracruzana y universitaria se mantiene a la expectativa de la
respuesta de la Junta de Gobierno y del desarrollo de los acontecimientos en
los próximos días, especialmente con la fecha límite del 30 de junio para la
emisión de la convocatoria; por ello, mi atenta y respetuosa solicitud a la
Junta de Gobierno, en el sentido que se Garantice el proceso de Auscultación en todas las
Regiones Universitarias, de manera exhaustiva y con plena libertad y ejercicio
de nuestros derechos universitarios; en otras palabras, que se abra el diálogo
con toda la comunidad universitaria.
Correo
para sugerencias: rvelam_1@hotmail.com
