
Xalapa, Ver.,
13 de septiembre de 2022.- El Partido
del Trabajo (PT) celebra el proyecto del presupuesto para el próximo año
presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que recibirá
críticas y denostaciones de la oposición, de esa derecha que nada le gusta y
que siempre tratan de confundir a la población. Proponen ajustes apegados a la
realidad que vivimos. El presupuesto prevé estabilidad en los precios de
combustibles y el servicio de la luz eléctrica. También anunció el presidente que
no aumentarán los impuestos. Promover la inversión y el bienestar de todos es
un objetivo permanente, contenido en el presupuesto.
En el ámbito estatal; el PT manifiesta su
reconocimiento al esfuerzo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del
Estado por cubrir el número mínimo de policías necesarios para prevenir delitos
y brindar seguridad a la población; pero aún falta un número similar al
alcanzado. Nuestro Instituto otorga la confianza al secretario de la SSP, de
quien esperamos el mismo esfuerzo para lograr el objetivo: que, antes de
concluir el mandato del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sea satisfecha la
seguridad de los veracruzanos.
Con respecto a las declaraciones de la presidente del
Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, vemos con preocupación que les pida a
los jueces que se encarguen de los gastos de mantenimiento de las instalaciones
de los propios juzgados, lo que prácticamente los alienta o motiva a promover
actos de corrupción, situación que ya se genera en gran parte de los juzgados.
Lo que debería declarar e informar es que hacen con el millonario presupuesto
que reciben y que no alcanza a cubrir lo elemental para el buen funcionamiento
de ese Poder. Por lo tanto, es necesaria la intervención del Congreso local afín de investigar el uso de los recursos.
Asimismo, nos congratula que el Poder Legislativo
estatal se conduce dentro del marco del derecho; lo manifestado es por la buena
actuación que la titular del ORFIS ha tenido hasta el momento, calificación
otorgada por el propio Congreso. Es de recordar que corresponde al Poder Legislativo
iniciar las denuncias correspondientes contra entes fiscalizables incumplidos, para
ello, informan al ORFIS de aquéllos que no pudieron solventar las observaciones
señaladas. La auditora general Delia González Cobos, cumple con informar al
Congreso las inconsistencias en las cuentas auditadas y en señalar los límites
legales para contratar empresas a las que pueden otorgarse contratos. Son los
entes fiscalizables los responsables de apegarse a la norma; ella solo los
califica.
Por último; el que avisa no traiciona, y el Alcalde de
Xalapa ya puso el ejemplo para sancionar legalmente a las empresas incumplidas
que se ven beneficiadas con el otorgamiento de obras. Una de ellas, Factor en
Contenidos Haka, S. A. de C.V. ya fue notificada, al menos por medios
informativos, de su incumplimiento en tiempo y forma para concluir la
reparación de la Avenida 20 de Noviembre. Poner orden de este tipo, es
beneficiar a los xalapeños, lo contrario, es ser cómplice de corruptelas.