Por Rafael Arias Hernández.
¿Qué
hacen los que cobran por vigilar y supervisar, calificar y fiscalizar?
Con
raras o contadas excepciones aparte, consideradas ejemplos útiles para efímeras
justificaciones, o convenientes entretenimientos. Desde siempre se caracterizan
porque no denuncian, ni acusan. No procesan, ni castigan. A muy pocos o a
nadie, ponen ante la justicia, para sancionarlos o mandarlos a la cárcel.
¿Para
qué sirve ésta costosa burocracia encubridora y simuladora?
Por
qué no realizan bien y a tiempo su trabajo, no cumplen ni hacen cumplir las
normas vigentes; y, más bien, ellos también se caracterizan por su falta de
transparencia, rendición de cuentas y
evaluación.
Excepciones
aparte, se le conoce como una burocracia elitista y aterrorizadora, cara e inútil, encubridora y corrupta.
Ante las condiciones
imperantes y las situaciones prevalecientes, es previsible que se
incrementen, exigencias de auténticas transparencia
y rendición de cuentas, así como garantías
de verdadera fiscalización y evaluación ciudadana y social.
Demasiados señalamientos
y denuncias se acumulan y hacen historia y costumbre, del ineficiente y hasta delictivo desempeño
gubernamental.
Conforme a resultados y
hechos, urge ajustar a fondo definición, función y operación y alcances de
elefantes blancos o circos de entretenimiento como las Contralorías, el Órgano
de Simulación Superior ORFIS y el sistema zombi anticorrupción. Todos demasiado
bien pagados, y siempre cuestionados, por sus nulos o intranscendentes resultados.
Eso sí, todos con cargo al presupuesto.
Todo indica que es hora,
de fiscalizar a los fiscalizadores.
¿Por qué sostener una
cara e inútil fiscalización a modo,
simuladora y encubridora, de entretenimiento y distracción? ¿Quién vigila a los
vigilantes y fiscalizadores oficiales?
De ahí que también es
necesario, repetir e insistir, que es indispensable dar su importancia y lugar
a la participación y evaluación, ciudadana y social.
Todos a la báscula de la
fiscalización y evaluación permanentes.
Para empezar, todo
gobierno que asume sus responsabilidades, debe dar a conocer las condiciones en las que
se recibe el cargo.
Esto
es, comenzar por identificar con
claridad que reciben. Precisar en
verdad, que hicieron y qué no. Saber de logros y pendientes, de aciertos y
errores; y desde luego, deslindar responsabilidades y culpabilidades en las
pérdidas, daños, retrocesos que habrán de pagar presentes y futuras
generaciones.
Inaceptable
cerrar los ojos y hacer como que no pasa nada y todo va bien. Mucho menos justificar
lo injustificable y resignarse o aceptar ineptitud e ineficiencia como hábito o costumbre; y crimen sin castigo, como normalidad.
Parte
del cambio exigido, es no hacerles el juego a vividores y parásitos,
malhechores y delincuentes, refugiados en
las estructuras de seguimiento y control, vigilancia y fiscalización.
Convertidos en cómplices y garantes de la impunidad, de renombrados intocables
y reciclables expertos en proteger y esconder ineptitud, ineficiencia,
corrupción y delincuencia gubernamentales.
Esos
que cobran muy bien y han hecho un creciente negocio de lo que no funciona;
aprovechándose de lo que fundamentalmente ha servido y sirve para encubrir,
esconder o corregir a modo; los mismos que cuando no les queda de otra, siguen
sin denunciar y probar que se debe castigar a los responsables y culpables,
ampliamente señalados y conocidos por
todos; los llamados fiscalizadores, que en lugar de cumplir con su deber,
además de que encubren, protegen y obtienen beneficios propios, hasta llegan cínicamente a reconocer y exaltar la existencia de los problemas,
para proponer y recomendar la creación de más instituciones, dependencias
o burocracia en general, obviamente con cargo al presupuesto y nulos o mediocres resultados.
Fiscalizar,
controlar, asegurar, auditar para remediar, corregir y reorientar a tiempo, para
evitar o reducir daños y pérdidas es, por desgracia y en gran parte, una función pública ausente, convertida en
muchas formas, solo de apariencia o entretenimiento, encubridora y hasta
cómplice, en los gobiernos que ya han
caracterizado la banca rota, quiebra, insolvencia o latrocinio de sus
administraciones y finanzas públicas,
cada vez más y más comprometidas y perjudicadas por generaciones.
LATROCINIO
PRESUPUESTAL Y FISCALIZACIÓN DEL “TIO
LOLO”.
Al cuestionado manejo de los recursos públicos,
en donde ineptos y corruptos hacen de las suyas y se benefician, hay que
agregar el uso y abuso de las atribuciones institucionales; y también, la
inactividad y complacencia, la perversidad y arbitrariedad de los presuntos
responsables en cargos oficiales.
Ridículas y costosas negaciones de la realidad,
manipulación de hechos y verdades a medias. Todo para no enfrentar a fondo y en
forma, los graves problemas. Mediocridad e ineptitud van de la mano con
delincuencia e impunidad.
Imposible
ignorar o minimizar, las repercusiones inmediatas, que se reflejan ya, en las
quebrantadas y saqueadas finanzas gubernamentales de todo tipo.
En
el caso de las estatales y municipales, urge negociar y gestionar mejor, para
obtener más. No esperar que la federación lo haga todo, que rescate o
incremente presupuestos de todos, cuando sus finanzas están en serios y peores aprietos,
y deben someterse a severos y urgentes ajustes. Sobre todo, ante una nueva realidad más compleja y adversa, empeorada por crisis financiera
internacional.
Se
debe actuar rápido y con efectividad, integral y consistentemente, contra
ineficiencia, delincuencia e impunidad. Importante alertar, a tiempo sobre
insuficiencias, desviaciones,
endeudamiento que debilitan la política económica y social; porque también
aumentan limitaciones y sacrificios, protestas e inconformidad social. Habrá
más resistencia y desobediencia civil.
EL
NEGOCIO DE ENDEUDAR, CONCESIONAR Y PRIVATIZAR
Y la historia se repite.
Miles de millones de pesos malversados, desaparecidos, despojados y, lo que es
peor, endeudados.
Y claro, también hay que mencionar otra
frecuente forma de asalto, donde otros miles de millones, son trasladados a
concesiones y privatizaciones.
En fin. ¿Dónde termina
lo presupuestado? ¿Cuál es el total-total de deuda pública estatal y municipal?
¿Cuántos despedidos y nuevos contratados
van? ¿Renovar o autorizar concesiones y privatizaciones, para beneficiar a
quienes? ¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Es obligatorio
sostener a funcionarios ineptos o mediocres con elevados y ofensivos sueldos,
más beneficios especiales?
Por lo pronto, “La Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) publicará una guía anticorrupción para sujetos
en actividades propensas a lavado de dinero…”