- 20 son parcelas en el estado de Campeche
- Otras 20 están en residencias de lujo en el DF
- ¿Y el Instituto para Recuperar al Pueblo lo Robado?
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Para quienes a estas alturas del partido, continúan preguntándose
a donde fueron a parar los 54 mil millones que la Auditoría Superior de la
Federación acusó en su momento que no habían sido comprobados por la
administración estatal de Javier Duarte de Ochoa, hay que apuntar que dentro
del proceso que se sigue al ex gobernador de Veracruz, se decretó el decomiso
de 40 propiedades, “20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a
inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los
cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor
cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento
cada uno”.
Hay que recordar también que Javidu como lo nombraban sus
cuates, fue sentenciado a nueve años de prisión, tras declararse culpable de
los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Aunque esta semana una magistrada federal admitió a trámite
la apelación del ex gobernador, Javier Duarte, quien busca se cancele o reduzca
su sentencia de nueve años de cárcel. Pero tampoco significa que se le vaya a
conceder la reducción a la condena. Simplemente se recibió la solicitud.
Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal
Unitario Penal en la Ciudad de México notificó al Primer Tribunal Colegiado en
Materia Penal de su decisión. “Se tiene por recibido, en las vías electrónica y
tradicional, el oficio y anexo del juez de distrito especializado en el sistema
penal acusatorio, en función de juez administrador del centro de justicia penal
federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio norte, por medio del
cual reproduce su acuerdo de 28 de febrero pasado, en el que tuvo por recibido
el comunicado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal relativo a la
admisión del recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso contra la
sentencia de procedimiento abreviado de 26 de septiembre de 2018”, detalla el
acuerdo publicado por el Colegiado.
En diciembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado otorgó un
amparo al ex gobernador, sentencia que ordenó dar trámite al recurso de
apelación con el cual pretende echar abajo la sentencia de nueve años de
prisión dictada en su contra. El colegiado determinó que el juez de control
tenía que dar trámite a la apelación para que un Tribunal Unitario se pronuncie
sobre su admisión sin necesidad de ordenar su ratificación pues con las
manifestaciones hechas por el quejoso, queda de manifiesto que no es su
intención desistirse. El pasado 5 de enero, el juez de control Juan Carlos
Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio
Norte de la Ciudad de México, resolvió que Javier Duarte debe continuar en
prisión, ante la posibilidad de que vuelva a evadirse de la acción de la
justicia. El juzgador también le negó la posibilidad de enfrentar su proceso en
libertad o de permanecer en prisión domiciliaria.
Otra de las vetas de la corrupción en el estado de Veracruz
en los últimos años, es la que comentó en la conferencia mañanera el titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien al responder
sobre el caso del exdirector de PEMEX detenido en España, la Fiscalía General
de la República tiene ya abiertas tres investigaciones, entre las que se
encuentra una sobre Etileno Siglo XXI que casualmente se encuentra en el sur de
Veracruz y si se sigue jalando el hilo, se va a llegar a personajes de la política
jarocha, no solamente de Petróleos Mexicanos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera apuntó en
la conferencia mañanera que “Un caso particular relacionado con Odebrecht era
una empresa en Poza Rica constituida por un vendedor de seguros y un
despachador de una gasolinera. Ninguno de los dos con pasaporte, y esta empresa
constituyó una cuenta bancaria en Panamá, donde le transfirieron un millón de
dólares.
Evidentemente el despachador de gasolinera nunca se enteró
que era dueño de estos millones de dólares que había sido depositado en Panamá.
Entonces, el problema con las empresas fachada es competencia desleal para el
empresario mexicano, porque finalmente están vinculadas con actos de corrupción.
La UIF ha presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía
General de la República y se dio una vista a la Secretaría de la Función
Pública sobre el caso particular.
Tenemos todavía pendientes de desarrollo tres
investigaciones en este momento: una que tiene que ver con la adquisición del
astillero, en España, que ha implicado para Pemex pérdidas por 50 millones de
euros; dos, FERTINAL; y tres, el caso particular de ETANOL XXI, seguimos en
proceso de integración….”
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