Por Rafael Arias Hernández.
En 387 días, concluye
la alternancia de más de lo mismo.
Entre tanto, se
comprueba que demasiados electos o nombrados,
son cortados por la misma tijera de irresponsabilidad e ineptitud,
ineficiencia y delincuencia.
Ni cumplen, ni hacen
cumplir la ley; y mucho menos sus
compromisos y promesas electorales.
En tiempo de elecciones
¿Qué gobernante, político y funcionario atiende a millones y millones afectados
y sacrificados por inseguridad, hambre, pobreza y corrupción?
Salvo excepciones, simplemente
no les importa la gente, los seres humanos no son su prioridad.
Atienden lo suyo. Lo
que más les ocupa y preocupa: alcanzar o mantenerse en el gobierno, para
saquearlo y enriquecerse. Evadir responsabilidades y culpabilidades para no
enfrentar la Justicia. Permanecer intocables y reciclables a otros cargos
públicos; si es posible, con fuero para no ir a la cárcel.
Hasta hoy, entre otros
importantes aspectos del arte del buen
gobierno, el mini-régimen estatal del PAN-PRD, sigue sin entender ni atender, el
hecho de que la economía veracruzana, sigue en recesión; y que tan solo en
2017, según fuentes oficiales como INEGI y otros, siguió decreciendo, en marzo (-1.5)% y, en junio (-1.0)%.
El desastre aumenta, ya
que al mismo segundo trimestre, entre muchos otros aspectos negativos,
sobresalen las actividades secundarias (industria, manufacturas, etc.), que
tuvieron un decrecimiento de (-8.2)%.
Crisis de la economía,
acentuada y extendida por una política gubernamental autoritaria y
discrecional, de inocultable opacidad e incapacidad para atender bien y a
tiempo necesidades y problemas sociales. La pobreza no es natural, ni crece por
designio divino, ni en automático. Deuda pública es evitable.
Ya ni que decir de la
inseguridad en aumento, que coloca a Veracruz en primeros lugares nacionales y
mundiales.
Política oficial, con
poca o nula presencia y participación social; y que en cuestiones del
presupuesto y su ejercicio, hace y deshace, sin respetar ni considerar al
Congreso estatal y sus atribuciones constitucionales; “poder independiente” que
al final, sirve para dos cosas: para eso, y para nada.
Inocultable que quienes
gobiernan, repiten saltos y asaltos, que a otros critican y cuestionan; comprobado
que en general, están comprometidos a favorecer, o privilegiar los grandes negocios
y saqueos.
Con toda razón, se
pregunta: ¿Para qué reestructuduarte más deuda pública, a altos costos y
mínimos o nulos beneficios sociales?
¿Para qué pagar un
decorativo Plan de Desarrollo, que no se sigue ni observa? Plan qué, además, es
ilegal e inconsistente.
¿De qué sirven, supuestos poderes independientes
y autónomos, encubridores y cómplices de ineficiencia, delincuencia e impunidad gubernamental?
Salvo excepciones, los
miembros de ese mismo “Congreso local secuestrado” por ineficientes, corruptos
o delincuentes, increíblemente se disponen a aprobar y establecer un sistema
estatal anticorrupción.
Sistema diseñado para en la simulación y distorsión,
ser nombrado, operado y controlado por los mismos que gobiernan, sus cómplices
o subordinados.
A la falta de transparencia y acceso a la información, hay que agregar la notoria lentitud e incapacidad, improvisación y superficialidades oficiales, respecto a muchos temas centrales.
¿De qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado? ¿A cuánto asciende el total-total de deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos? ¿Y los resultados de la entrega recepción? ¿Cuántos despedidos y cuántos nuevos contratados van? ¿Renovar o autorizar más concesiones y privatizaciones, para beneficiar a quienes? ¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Por qué los descomunales y ofensivos súper sueldos, prestaciones y beneficios, a funcionarios?
A la falta de transparencia y acceso a la información, hay que agregar la notoria lentitud e incapacidad, improvisación y superficialidades oficiales, respecto a muchos temas centrales.
¿De qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado? ¿A cuánto asciende el total-total de deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos? ¿Y los resultados de la entrega recepción? ¿Cuántos despedidos y cuántos nuevos contratados van? ¿Renovar o autorizar más concesiones y privatizaciones, para beneficiar a quienes? ¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Por qué los descomunales y ofensivos súper sueldos, prestaciones y beneficios, a funcionarios?
COSTO-BENEFICIO DE REESTRUCTUDUARTE
La Historia se repite,
rápida comprobación, de la insuperable distancia entre discurso y resultados,
entre decir y hacer, entre poder y no poder.
En corto tiempo, ante creciente crisis económica y empobrecimiento
generalizado, una vez más se demuestran y constatan, los alcances de una administración
pública ineficiente y una política financiera obsoleta, cara y orientada principalmente a
gastar más, endeudar más y privatizar o concesionar más.
Sigue la misma teoría y
práctica, la fácil y redituable solución de re endeudar más, de hundir y
sacrificar a los que vienen, a las próximas generaciones, atrapadas ya en un
“esclavismo financiero” que no buscaron, ni aprobaron. Futuro que, por cierto,
ya nos alcanzó.
Por ahora, permítaseme comentar
brevemente algunos aspectos sobresalientes.
Primero, que la
reciente revolución tecnológica (Internet, celulares, etc.), tarde o temprano, hace
más fácil y rápido enterarse de los alcances y efectos de cualquier acción
gubernamental, obsesiva y perjudicial; facilita incluso, organizarse y
movilizarse en su contra.
Segundo, que aunque en
muchas formas todavía enunciativo y declarativo, es notorio que hay más leyes y
ordenamientos, incluso de alcance mundial, que alientan el fortalecimiento del
Estado de Derecho, sobre todo para denunciar y enjuiciar irresponsabilidad, corrupción e impunidad
gubernamental. Aplicar la ley, hoy y aquí es una obligación ciudadana y social
ineludible; simplemente protestar, o
pagar las consecuencias.
Y tercero, que las
recurrentes crisis económicas y los saqueos financieros, siguen a la orden de
día. Han causado y causan enormes limitaciones y sacrificios, así como
organización y movilización de expresiones sociales. Hoy por hoy, en buena
medida se sigue en manos de potenciales saqueadores y criminales sociales.
Recomendable entonces,
gobernar al gobierno. Actualizarse y aplicar los ordenamientos legales, para participar y exigir que la política oficial, especialmente la financiera, beneficie a la
sociedad presente y futura, y no a los mismos de siempre.
En todo caso, imprescindible asegurarse de que lo que haga
el gobierno sea beneficio social y no costoso sacrificio descomunal.
Ya en este momento
innumerables gobernantes y funcionarios deben llevarse ante la Justicia, para
que respondan de sus actos. No solo los
del pasado, sino del presente.
A reserva de seguir en
el tema. Para empezar a identificar responsabilidades y responsables, es recomendable
la lectura del Acuerdo, por el que se
emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos, de los Financiamientos y
Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los
Municipios y sus Entes Públicos.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5458171&fecha=25/10/2016 *Academico